El "crecimiento" de la minería en nuestro país, que comenzó a darse a partir de la segunda mitad de la década del 90,
responde a una profusa legislación tramada en la primera mitad de aquella más que a las enormes riquezas que encierra el
subsuelo. Esa normativa y la política de estado fomentan los mega emprendimientos vinculados a la minería metalífera,
especialmente el oro, beneficiando a empresas extranjeras y permitiendo el saqueo de los recursos argentinos.
Es así que la minería metalífera a gran escala concentra riqueza en unos pocos, obstaculiza el acceso al agua y limita su
disponibilidad, degrada o depreda otros bienes naturales como los energéticos, fauna, flora, etc. y produce mayor desigualdad
social. Esta presión sobre los recursos, la contaminación y los escasos beneficios económicos generan en los pobladores
cercanos a los emprendimientos mineros oposición, descontento e innumerables reclamos. Estos centran su lucha en la
pertenencia a un territorio cuyos recursos naturales deben protegerse y en la determinación de poder decidir de qué forma vivir.
Los estados, nacional y provinciales, se niegan al diálogo, no brindan información suficiente, reprimen las acciones de protesta
y en casi todos los casos, por desconocidas razones, están del lado de las mineras.
La comisión de minería por su parte niega el debate a proyectos de ley o pedidos de informes que pretenden cuestionar el
régimen jurídico instaurado y con una gran cantidad de proyectos ingresados no ha logrado en todo el año 2.009 reunir el
quorum suficiente para sesionar.